SANTIAGO, 22 jul (El Mercurio) — El Tribunal Ambiental de Antofagasta admitió ayer a trámite la demanda por daño ambiental presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), en contra de Codelco División Salvador por la afectación del Salar de Pedernales.
Este proceso impactaría a Rajo Inca, iniciativa que alarga la vida útil de Salvador y que, según confirmó la estatal, postergó su decisión de inversión.
Se espera un fuerte impacto en la Región de Atacama, pues según el estudio de impacto ambiental, se requieren hasta 2.400 trabajadores durante la construcción de las obras y casi 400 durante su operación.
El senador por la región Rafael Prohens (RN) dijo que “hay 8 mil personas que viven en el campamento de Salvador, y si esto no se resuelve con agilidad, puede terminar con el cierre del mineral”.
El diputado Juan Santana (PS) dijo que los puestos de trabajo son claves para la región, sobre todo en la situación actual.
En tanto, el presidente del sindicato de Salvador y de la FTC, Patricio Elgueta, exigió una rápida respuesta de Codelco. “Estamos conscientes del carácter estratégico del proyecto, pero esto debe ir con el cuidado del medio ambiente. Confiamos en que los ejecutivos tendrán las explicaciones para desestimar estas imputaciones, si no, exigimos las responsabilidades que recaen en sus puestos por la posible postergación.
