SANTIAGO, 24 jul (El Mercurio) — “Pondremos toda nuestra energía para que quienes necesiten retirar parte de sus fondos, lo hagan de manera simple, informada y ágil”. La frase, expresada por el gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín, a primera hora de la mañana de ayer, grafica el ambiente en que el Congreso despachó a ley la autorización para retirar el 10% del ahorro previsional, que el Gobierno promulgará hoy, desistiendo de las opciones de Tribunal Constitucional o veto presidencial.
Da cuenta, además, del trabajo que están desarrollando las administradoras, tanto en reuniones con contrapartes técnicas de la Superintendencia de Pensiones, el Banco Central y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), como con los desafíos del retiro masivo.
En ese contexto, la Superintendencia de Pensiones ofició a las AFP, estableciendo parámetros para la implementación de los retiros, dejando plazo hasta el 28 de julio para que realicen observaciones al instructivo.
En ese marco, el Gobierno designó a los subsecretarios de Previsión Social y del Trabajo, además del presidente de BancoEstado, para cumplir con el objetivo señalado por el regulador de Pensiones en la cita que tuvo en la semana con las AFP, para que todo salga impecable.
En el caso de BancoEstado -con quienes las AFP se reunieron esta semana- han estado trabajando desde hace tiempo en lo que desde el Gobierno califican como “fortalecer el músculo”, ya que estiman que 7,5 millones de personas van a cobrar los retiros por Cuenta RUT. Esto, contabilizando poco más de 6,5 millones que hoy son usuarios del producto y 1 millón adicional que abrirá la cuenta para poder recibir el pago. Agregan que esto implica un plan de contingencia que se implementará a partir de agosto.
Además, las AFP se han reunido con la Asociación de Bancos (ABIF) para el uso de los canales de la banca privada.
Su presidente, José Manuel Mena, sostiene sobre el tema que “queremos ser parte de la solución”. Agrega que si bien “nosotros somos mandatados por las AFP, esto está lleno de problemas operacionales: implica que se deben prevenir fraudes, hay que parear RUT con cuentas y no todo el mundo tiene cuenta”.
En esa línea, subraya que “estamos viendo la forma en que el proceso operacional y normativo sea fluido, entendiendo que la gran dificultad es la masividad y algo muy importante: que la comunicación sea clara y en tiempos razonables”.
