SANTIAGO, 28 jul (El Mercurio) — Un duro golpe ha significado para Codelco la demanda por daño ambiental que interpuso el Consejo de Defensa del Estado en contra de la división Salvador. Y es que en la estatal ven con preocupación que los plazos para resolver el diferendo no calzan con el desarrollo del proyecto estructural Rajo Inca, valorado en más de US$1.200 millones, que extendería en 40 años la vida útil del yacimiento.
Las estimaciones apuntan a que la duración del juicio podría ser de unos dos años, mientras que el mineral de Salvador se agotaría a fines de 2021, lo que obligaría a dar inicio a la las labores de cierre de dicho yacimiento.
Ante este escenario, ayer, ad portas de una nueva sesión de directorio, se reunió el comité de inversiones de la minera, el que decidió que no se avanzará en el proyecto, y que tampoco habrá por ahora una nueva fecha para volver a estudiarlo.
El gobierno, a través del ministro de Minería, se ha involucrado a fondo en buscar una solución al conflicto. Ayer, el titular de la cartera, Baldo Prokurica, se reunió con el presidente del CDE, Juan Antonio Peribonio, y el intendente de la región de Atacama, Patricio Urquieta, para pedir al organismo actuar con la mayor rapidez posible.
